MOMENTO DE REFLEXION PARA LEGISLAR.
EL CASO MICAELA INVOLUCRA A JUEZ PERMISIVO.
LA VISION DE LA OPOSICION.
Mónica Litza sobre el caso
Micaela: "La responsabilidad del Estado es directa porque fracasó en su
función preventiva"
"En el caso Micaela la
responsabilidad del Estado es notoria y directa: el Estado fracasó en su
función preventiva”, afirmó la diputada nacional del Frente Renovador, Mónica
Litza, al referirse al asesinato de la joven gualeguaychense, Micaela Garcia,
tras ser violada y asesinada por un delincuente que se encontraba en libertad
condicional.
“Lo que pasó es gravísimo y tiene
dos responsables claros: el poder político y el poder Judicial. Por un lado, la
responsabilidad del juez Carlos Rossi, que habría desatendido un informe del
Servicio Penitenciario de Entre Ríos que desaconsejaba el beneficio de la
libertad condicional para Sebastián Wagner. Y, por otro lado, del poder
político, que no avanza en la sanción de leyes que regulan esta problemática y
que, de haberse tratado a tiempo, podrían haber evitado muertes como la de
Micaela”.
En ese sentido, la diputada, e
integrante de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja, explicó: “El
año pasado, desde el bloque del Frente Renovador, logramos votar en la Cámara
de Diputados un proyecto de ley de mi autoría que limita los beneficios a los
condenados por este tipo de delitos sexuales. Allí se prevé el cumplimiento
íntegro de la pena en encierro y, paralelamente, se limita la discrecionalidad
de los Jueces para otorgar beneficios".
Y agregó: "Lamento que el
Presidente haya ordenado a sus senadores dedicarse a la campaña electoral y
vaciar la agenda legislativa.Es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo
ordenar a sus senadores para que avancen en los temas sensibles que nos
llevaron mucho trabajo sancionar en la Cámara de Diputados. El Senado no mostró
ninguna señal de querer dar sanción definitiva a ese proyecto, y tampoco al que
reconoce y amplía los derechos de las víctimas en el proceso penal, presentando
también por el Frente Renovador, que se encuentra en el mismo estado
parlamentario”.
Sobre la política criminal del
Gobierno Nacional, Litza señaló que “como en todas las áreas, el Gobierno va
detrás de los hechos. Nunca se adelanta. La política criminal no es la
excepción. El flagelo de la violencia de género y los delitos de contenido
sexual, por ejemplo, deben ser abordados desde los tres poderes del Estado con
absoluta seriedad, compromiso y con una
mirada integral. Es ingenuo suponer que una ley pueda cambiar algo si luego los
jueces la aplican a su gusto o el Poder Ejecutivo no destina fondos para la
implementación de programas de educación, asistencia y contención”.
Por último, reflexionó: “Es muy
difícil hacer un análisis objetivo cuando el hecho es reciente y tan
conmocionante. Pero, por los elementos que conocemos hasta ahora, no podemos
dejar de señalar que se trata de un crimen que se podía haber evitado. El
presunto homicida tenía que estar preso y cumplir su condena íntegramente en la
cárcel, sin ningún beneficio”.
Y concluyó: "Este gobierno
prometió trabajar durante el año electoral. Sin embargo, lo único que vemos son
timbreos y campañas mediáticas que intentan polarizar con el pasado para tratar
de sacar ventajas electorales, desatendiendo los problemas del presente. Están
haciendo todo lo contrario a lo que prometieron. Espero que este crimen, que
nos duele profundamente a todos, los obligue a reflexionar y pedir la sanción
urgente y definitiva de los proyecto de víctimas y de prohibición de beneficios
a los delincuentes sexuales, sin caer en oportunismos electorales”.
